MÉXICO, (IPS) - Transitar por México es para la mayoría de inmigrantes de América Central y del Sur vivir un infierno de robos, extorsión, amenazas y vejaciones de parte de particulares y autoridades. "Aquí dejan de ser personas y pasan a ser una mercancía, una mina de ganancias", denunció un sacerdote que apoya a esos viajeros.

La estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), grupos humanitarios y los cónsules de los países centroamericanos vienen denunciando desde hace más de una década los abusos que sufren los inmigrantes en México. Las autoridades reconocen el problema y responden que trabajan para solucionarlo, pero poco o nada cambia. En Ixtepec, donde hay un centro de trasbordo de trenes de carga que corren desde la frontera con Guatemala hacia el norte de México, Solalinde afirma que hasta marzo eran comunes los secuestros, robos y vejaciones contra los inmigrantes que transitan con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Pero desde abril, luego de que el gobernante Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió sus operativos de vigilancia en Ixtepec, bajaron los delitos y las denuncias. "Saque usted conclusiones de este fenómeno, por algo será", señaló vía telefónica este sacerdote de 63 años que coordinada en la zona la llamada pastoral de Movilidad Humana. El INM decidió frenar las acciones de supervisión en Ixtepec y alrededores luego que el 31 de marzo unos 90 centroamericanos fueron golpeados y vejados por personal de la Marina durante una revisión en esa zona, hecho que aún está bajo investigación.

Antes de llegar a Ixtepec, los inmigrantes que se trasladan por tren sufrían usualmente dos asaltos previos a manos de delincuentes y pandilleros y una revisión con extorsión y robos de policías, personal del INM o militares, describió Solalinde. "Pero ahora, hasta las mafias entraron en vacaciones", declaró. "Acabo de tener una reunión con delegados del INM y advirtieron que pronto regresarán los operativos, por lo cual me pidieron que no diga nada, yo les respondí que la vigilancia está bien, pero que no me voy a callar los abusos, que eso es inaceptable", añadió.

 

Cuando el tren se detiene en Ixtepec, Solalinde y sus colaboradores se acercan a pedir a los inmigrantes que no se separen y que vayan con él al albergue donde les brinda comida, medicinas y alojamiento por un día. El objetivo es evitar que los viajeros se dispersen y sean sujetos de asaltos, violaciones o detenciones. La CNDH calcula que redes de tráfico de personas se disputan cada año un mercado de 500.000 inmigrantes latinoamericanos para traerlos a México y de aquí conducirlos a Estados Unidos. Se trata de un negocio millonario, pues cada inmigrante paga entre 4.000 dólares y 15.000 por el viaje, precisó.

Según el organismo, tales cantidades sitúan al tráfico de personas en un nivel "sólo comparable al del tráfico de armas, al de la trata de personas y al del narcotráfico". En 2007 fueron detenidos en México 120.000 centroamericanos y sudamericanos que pretendían llegar a Estados Unidos. Un año antes, la cifra fue de alrededor de 180.000 y en 2005 de 240.000.

Activistas y políticos opositores acusan a las autoridades mexicanas de aplicar el doble rasero, pues cuando se trata de los derechos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos reclaman con vehemencia, pero hay poca acción cuando se trata de los centroamericanos en México.

El gobierno, a través de su canciller Patricia Espinosa, se sumó el martes al fuerte rechazo que los cuatro presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de sus seis países asociados expresaron contra el endurecimiento de la política inmigratoria de la Unión Europea, concretado con la aprobación a fines de junio en el parlamento del bloque de la llamada directiva de retorno.

México, que tiene carácter de observador en ese bloque sudamericano reunido en Argentina en su encuentro semestral, siempre ha rechazado cualquier política internacional o nacional que denigre o maltrate a los inmigrantes. Sin embargo, en casa tiene un problema mayúsculo en la materia.